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Boletín de prensa 7 de abril de 2011
EL TIEMPO
SENADORES DEBERÁN 'METERSE LA MANO AL BOLSILLO' Y PAGAR SU GASOLINA
El presidente del Congreso, Armando Benedetti, dio la orden, a través de una resolución.
En adelante, la mesa directiva del Senado, lo mismo que las cúpulas de sus siete comisiones permanentes, incluidos sus secretarios y directores administrativos, tendrán que sacar de su bolsillo para pagar la gasolina de sus vehículos.
Así lo anunció el miércoles el presidente de esta corporación, Armando Benedetti, quien respaldó una solicitud del senador liberal Luis Fernando Velasco para que los altos funcionarios del Estado paguen de sus propios recursos el combustible que utilizan en sus movilizaciones.
Como el objetivo de Velasco es lograr que los miembros del Gobierno sientan "en carne propia" los efectos del elevado incremento de la gasolina, Benedetti decidió dar ejemplo. "Tomé la decisión de quitarles la gasolina a los senadores de las mesas directivas, lo que significará un ahorro anual de 800 millones de pesos", aseguró.
Agregó que también pasó un derecho de petición a los ministerios y departamentos administrativos, con el fin de determinar "cuánto gastan en gasolina". "Es que los funcionarios deben pagar de su bolsillo, como cualquier ciudadano", enfatizó el congresista de 'la U', para quien estos gastan gasolina "cuando van a fiestas, a la casa, a la oficina o a la finca".
APLAZADA LA ÚLTIMA VOTACIÓN DEL ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN
La plenaria de la Cámara volverá a abordar el tema hasta el próximo martes.
Pese a los reparos de algunos representantes, se impuso el acuerdo entre el Gobierno y los ponentes para que las bancadas estudien mejor la iniciativa.
El coordinador de ponentes del proyecto de estatuto anticorrupción, Jaime Buenahora ('la U'), dijo que se llegó a un acuerdo con el Gobierno para solo votar hoy el informe de ponencia y estudiar mejor los 155 artículos de la norma.
"Hubo un acuerdo porque primero es un tema dispendioso, que tiene 155 artículos, crucial para el país y creo que tenemos un compromiso inmenso por establecer una normatividad, no solo que frene sino que erradique la corrupción", dijo Buenahora.
El congresista, también vocero de 'la U' en la Cámara, agregó que espera que cada bancada tenga tiempo para revisar el articulado, "para estudiarlo a fondo y para presentar algunas propuestas que estoy seguro van a mejorarlo. En ese orden de ideas lo que hoy se va a hacer es aprobar el informe de ponencia, pero no entrar a debatir los artículos del proyecto".
Buenahora negó que su partido sea el responsable de 'frenar' los proyectos de ley del Gobierno en el Legislativo. El partido de 'la U' también pidió tiempo, en la Cámara y en el Senado, para "socializar" el proyecto de ley de reparación a las víctimas.
"De pronto (en 'la U') hay mayor vocación de estudio (...) Creo que la inteligencia humana cada vez produce más cuando le dedica tiempo, investigación y estudio a las cosas", dijo el congresista.
CORTE PROPONDRÍA NO PARTICIPAR EN ELECCIÓN DE PROCURADOR Y CONTRALOR
La propuesta sería hecha por el alto tribunal al Gobierno como parte de la reforma a la justicia.
Según informó la emisora La FM, la idea sería apartarse de la elección de esos dos funcionarios y del Auditor General de la República.
A cambio, el alto tribunal propondría, además de mantener la facultad de juzgarlos, encargarse de su investigación, labor que actualmente desempeña la Fiscalía General de la Nación.
Esta decisión, según reportó la emisora, estaría motivada por las críticas de algunos sectores sobre posibles intereses políticos de los magistrados a la hora de escoger los candidatos.
La Corte Suprema de Justicia participa en la elección del Procurador y el Contralor con un candidato en la terna de la que que también hacen parte los aspirantes que propongan la Presidencia y el Consejo de Estado.
La elección está a cargo del Senado en el caso del Procurador, y del Congreso en pleno cuando se trata del Contralor.
El auditor, por su parte, es elegido por el Consejo de Estado de terna enviada por la Corte Suprema.
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARÓ EXEQUIBLE EL FONDO DE ADAPTACIÓN
El Fondo le permite al Gobierno sufragar gastos para reconstruir zonas afectadas por el invierno.
La Corte Constitucional lo aprobó con la condición de que solo operara hasta el 2014. También le pidió al Gobierno que establezca un registro contable de todas las operaciones presupuestales.
Asimismo le impuso que todas las transferencias que se hagan de este Fondo sean a las entidades públicas que tienen la obligación de realizar las inversiones.
El alto tribunal también revisó seis decretos de la segunda emergencia, los cuales declaro inexequibles.
Entre ellos están el que otorgaba subsidios para el pago de servicios públicos en las zonas afectadas, el que creaba empleos de emergencia. Y el que otorgaba excepciones tributarias.
COMISIÓN DE ACUSACIÓN DESOYÓ CONCEPTO EN CASO DE MAGISTRADA
Heriberto Escobar seguirá al frente de varias investigaciones en contra de María Mercedes López.
Escobar, representante del Valle, seguirá al frente de varias investigaciones en la Comisión de Acusación contra la magistrada de la Judicatura, quien lo había recusado en esos casos porque fue precisamente una ponencia suya la que sacó definitivamente de la gobernación del Valle a Juan Carlos Abadía, jefe político de Escobar.
Hoy, la Comisión negó una recusación interpuesta por López en ese sentido y ratificó a Escobar. Los congresistas no atendieron un concepto enviado personalmente por el procurador Alejandro Ordóñez, que señala que entre Juan Carlos Abadía y Heriberto Escobar -que fue secretario de este último en el Concejo de Cali y la Asamblea y la Gobernación del Valle- existe una comprobada amistad que podría atentar contra la imparcialidad en las investigaciones que hay contra la magistrada.
Como se recordará, Abadía fue destituido por la Procuraduría por participar en política, pero a través de una cuestionada tutela fallada por la Judicatura en el Valle estuvo un mes más en su cargo. Con ponencia de López, la Sala Disciplinaria de la Judicatura tumbó la tutela y ratificó la salida de Abadía.
Escobar hizo campaña para el Congreso el año pasado por el PIN, y con el apoyo de su antiguo jefe obtuvo una de las curules del Valle en la Cámara.
"¿Qué puede esperar la hoy investigada frente a quien fue subalterno de quien resultó afectado por la decisión de la magistrada?", pregunta la Procuraduría.
JUSTICIA O DECEPCIÓN
Óscar Collazos
Las decepciones que produce una justicia insuficientemente aplicada o inferior al tamaño de los delitos cometidos tienen un alto precio social.
Un caso de corrupción se suma a otro y da la impresión de que el tamaño del anterior tapa al siguiente. Muchos fueron incubados en los últimos ocho años de gobierno. Pero los de ahora no solo implican a personas e instituciones de gobiernos locales y nacionales, sino que empiezan a ser prueba de fuego de una justicia que no ha podido frenar el ritmo de la corrupción.
Llevamos meses asistiendo al espectáculo de inculpaciones y justificaciones de los Nule y sus secuaces. Se sabe que el monto de sus estafas llega a billones, pero nadie, ni siquiera la Dian, advirtió a tiempo las irregularidades que asomaban en las empresas de estos evasores de impuestos.
Coleridge escribió un gran poema sobre el emperador Kublai Kan y Xanadu, su casa veraniega; Orson Welles filmó El ciudadano Kane, que soñó una casa como la de Kublai Kan. Ambas creaciones conducen del esplendor a las ruinas. Los Nule, en cambio, no remedaron la grandeza del emperador ni la ambición del magnate de Welles; actuaron en el marco de una sociedad mafiosa, creyendo que la corrupción es "inherente a la naturaleza humana".
Al escándalo de los Nule se superpuso el expediente informativo del 'Tolemaida Resort', como llamó Semana al régimen de privilegios encontrado en el centro de reclusión de suboficiales y oficiales del Ejército condenados por la justicia.
Son casos distintos de una misma moral: la ilegalidad como norma. En un país que reclama apoyo ciudadano para sus fuerzas militares, nada más indignante que ver a centenares de miembros de esas fuerzas burlando los fallos judiciales con la probable protección de sus superiores.
Del escándalo de Tolemaida quedan en claro algunos hechos. Según las pruebas de Semana, desde el domingo se habría corrido a maquillar el escenario para la visita de los periodistas. Según lo dicho por el Ministro del Interior: "En la última visita que se hizo (al penal de Tolemaida) no le permitieron al director del Inpec ejercer esa vigilancia y tampoco ingresar".
Basta seguir las reacciones de los colombianos para ver el alto grado de indignación que provocan estos hechos. Crece el temor de que el "principio de oportunidad" tenga a los Nule unos pocos años en la cárcel. Al cabo de tres o cinco, estarían en la calle, esperando una nueva versión de la "confianza inversionista" que los convirtió en grandes señores de la estafa.
Las decepciones que produce una justicia insuficientemente aplicada o inferior al tamaño de los delitos cometidos tienen un alto precio social. Llevamos décadas pagando ese precio con la irracionalidad de las violencias, sin aprender que no se puede cosechar confianza cuando se siembra impunidad.
Temo que el problema sea mucho más serio si se confirma lo dicho por testigos: que los privilegios obtenidos por los "reclusos" eran el pago al silencio en episodios que enredarían a altos oficiales en crímenes de guerra y delitos atroces. Y esto es lo que debe investigar la justicia, para bien de esa institución, pero también para recuperar la confianza de los ciudadanos.
Aquí no cabe como atenuante la "razón de Estado", más dañina si se tienen en cuenta los reparos que la comunidad internacional viene haciendo al gobierno colombiano. La trama denunciada es tan grave, que solo cabe actuar en justicia, sin miedo al daño que implica establecer responsabilidades políticas.
No cabe tampoco la generosidad de la justicia. Se trata de juzgar la mezquindad de quienes concibieron sociedades reales o ficticias para el saqueo en grande de lo público con la bajeza de las ambiciones privadas. Se trata, en suma, de responder con firmeza a empresas que pretendían burlar a esa misma justicia.
EL ESPECTADOR
REFORMA AL CÓDIGO PENAL
Se hunde proyecto que establecía cárcel para conductores ebrios
El autor, Roy Barreras, acusó a sus homólogos de legislar en causa propia pues si “pescan” a un senador borracho perdería sus derechos políticos.
El proyecto impulsado por el senador del partido de la U, Roy Barreras, no pasó el segundo debate en el Senado, así habló al respecto el parlamentario.
La reforma al Código Penal para los conductores que manejan en estado de ebriedad se hundió este miércoles en la plenaria del Senado.
El proyecto que buscaba el arresto para quienes condujeran borrachos, tuvo el respaldo de 25 senadores y mientras 34 estuvieron en contra.
La iniciativa promovía que quien manejara ebrio recibiera una pena de ocho a 30 días de arresto, sólo por el hecho de estar borracho al volante.
Aunque el promotor del proyecto, senador Roy Barreras, había señalado que la idea no era “detener a quien se tomara una copa de vino con el almuerzo”, no contó con el respaldo legislativo.
“Nuestro proyecto sólo propendía por castigar a los conductores que por el consumo del licor perdieran los reflejos (…) tratábamos de salvar más de 5.500 vidas de colombianos que en promedio mueren cada año por culpa de conductores irresponsables”, agregó.
Barreras igualmente acusó a sus homólogos de legislar en causa propia, pues si ellos son “pescados” condiciendo borrachos recibirán penas que llegarían a la pérdida del cargo público.
“Si pescan a tomando a un candidato o a un empleado público pueden perder hasta el cargo (…) en el peor de los casos si cogen a un senador, representante, alcalde, gobernador o diputado tomando, no podrían volver a lanzarse pues perderían los derechos políticos”, aseguró.
Ahora, sin castigo de momento seguirán quienes en estado de embriaguez con su vehículo atropellen a alguien.
CORTE TUMBA 7 DECRETOS DE SEGUNDA EMERGENCIA SOCIAL
La corporación determinó que los efectos de desaprobación entrarán en vigencia inmediatamente y no dentro de varios meses, como lo solicitaba el gobierno.
Sin modulación ni diferimiento alguno, la Corte Constitucional tumbó 7 de los decretos dictados en el marco de la segunda Emergencia Social, a través de la cual el gobierno buscaba mitigar el impacto de la ola invernal.
De esta manera, la corporación determinó que a partir de la fecha deberán desaparecer del ordenamiento jurídico las medidas a las que recurrió el ejecutivo mediante la prórroga del esado de excepción.
Con esta determinación, la Corte declaró la inconstitucionalidad de los decretos 130, que buscaba proveer empleos transitorios a los más afectados por la crisis invernal, así como el 114 del mismo año, destinado a la reconstrucción de establecimientos institucionales y de servicio.
La misma suerte corrieron el decreto 129, subsidio excepcional para el suministro de servicios públicos domiciliarios, el 143, modificatorio de los mecanismos de expropiación administrativa dictados en la primera emergencia y el 142, que proveía el aseguramiento de riesgo y las facultades de adaptación.
A su vez, perderá todo efecto el decreto 126, que determinaba el dictamen de riesgo y seguros agropecuarios; y el 128 que impartía medidas tributarias, aduaneras y cambiarias.
En la misma sala celebrada este miércoles, la Corte declaro como disposición acorde a la constitución el decreto 4819 de 2010, que ponía sobre la mesa los parámetros del fondo de adaptación, como el mecanismo expedito para que las autoridades convocaras los contratos requeridos para la reconstrucción y adecuación de la infraestructura más golpeada durante la ola invernal.
La exequibilidad de esta disposición, sostuvo el alto tribunal, quedará supeditada a que entes encargados de hacer las concesiones no prolonguen la posibilidad de efectuar esta actuación más allá del 2014 y que los concursantes a hacerse a cada uno de los contratos, sean particulares o púbicos, tengan como razón social la ejecución de las obras necesarias para recuperar la infraestructura afectada; es decir, que se trate de proponentes especializados en la materia.
GOBERNADOR DEL CASANARE, DESTITUIDO E INHABILITADO POR 11 AÑOS
Procuraduría tomó la decisión, luego de que un fallo de tutela reviviera la primera de las suspensiones.
La Procuraduría General de la Nación ordenó, en primera instancia, prorrogar durante tres meses más la suspensión provisional que pesaba en contra del gobernador del Casanare, Óscar Raúl Iván Flórez, investigado por presuntas irregularidades en la celebración de dos contratos que, sumados, superan los 366.000 millones de pesos. Posteriormente, el Ministerio Público anunció su destitución e inhabilidad para ejercer cargos públicos durante los próximos 11 años.
Flórez era investigado por la adjudicación de dos contratos para servicios educativos de la población casanareña por 14.000 millones y 351.000 millones de pesos. Aparentemente, el jefe de la administración departamental violó principios de la contratación estatal, al no escoger a los concesionarios mediante procesos de selección objetiva, dejando en entre dicho la transparencia con la cual se produjeron los dos convenios.
"El artículo 157 del Código Único Disciplinario señala como requisitos fundamentales para adoptar la medida de la suspensión provisional, que se trate de faltas gravísimas o graves y obren serios elementos de juicio que permitan establecer que la permanencia en el cargo, función o servicio público, posibilita la interferencia del autor de la falta en el trámite de la investigación, o que reitere en la misma'", sostuvo el Ministerio Público en su momento.
Además de facilitar su acceso a la prueba, la Procuraduría, con esa determinación, buscaba evitar que se siguiera produciendo el presunto daño a la administración pública en el Casanare, con ocasión de la ejecución del convenio.
La suspensión provisional había sido revocada por una acción de tutela fallada por el juez primero Promiscuo de Yopal, decisión que fue revocada en sentencia de revisión emitida por la Corte Constitucional y dada a conocer el pasado 11 de enero.
SEPARACIÓN DE MINISTERIOS, EN LA RECTA FINAL
Ministro Germán Vargas destacó que Senado y Cámara aprobaron conciliación del proyecto, que pasó a sanción presidencial para arrancar 'revolcón' al Estado.
Este miércoles las plenarias de Senado y Cámara de Representantes aprobaron las actas de conciliación del proyecto que le otorga facultades especiales al presidente Juan Manuel Santos para la administración del Estado y que permite la separación de tres ministerios.
El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, explicó que ahora el proyecto pasó a sanción presidencial y en los próximos seis meses se iniciará la restructuración del Estado.
“Pasa a sanción presidencial y tenemos ley de facultades”, destacó. Ahora, es una decisión del presidente cuándo iniciar el ‘revolcón’ al Estado. Sin embargo, todas las carteras han avanzado en la elaboración de los decretos que permiten la escisión de los ministerios.
Al referirse a su jefatura, Vargas Lleras, señaló que “se ha avanzado mucho” y se espera que en cerca de dos meses se concrete cómo será el trabajo del nuevo ministerio de Justicia.
La demora en el trabajo del ministerio del Interior se da por la restructuración que se dará en el Inpec, la Dirección de Estupefaciente y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica de la Nación.
Los nuevos ministerios son:
Nuevo ministerio de Justicia que se separa del ministerio del Interior
Nuevo ministerio de Vivienda que se separa del ministerio de Medio Ambiente
Nuevo ministerio de trabajo que se separa del ministerio de Salud o Protección Social.
DEBILITANDO LA DEMOCRACIA
Por: Rodolfo Arango
Uno de los avances significativos de la ventiañera Constitución de 1991 fue el reconocimiento del carácter participativo, pluriétnico y multicultural de nuestra democracia.
La Corte Constitucional se ha tomado en serio este principio. En su jurisprudencia ha elevado a derecho fundamental de las comunidades étnicas la consulta previa de las decisiones legislativas y administrativas que puedan afectarlas directamente. Todos estos avances están en peligro en el proyecto de ley de víctimas que está a punto de aprobarse en el Congreso de la República.
En el proyecto se otorgan facultades al presidente de la República para expedir las normas legales sobre reparación a grupos indígenas y afros afectados por el desplazamiento forzado. Esta fue la vía por la que optaron Gobierno y movimientos sociales para que la ausencia de la consulta previa no se convirtiera en un obstáculo en el trámite de la ley de víctimas. Se trata empero de una salida en falso. Ella debilita la participación democrática de actores especialmente golpeados por la violencia. Con la solución abreviada se establece un peligroso precedente. Ahora las decisiones que potencialmente afecten a minorías étnicas ya no serán consultadas con los potenciales afectados en la etapa prelegislativa y debatidas en el foro democrático por excelencia, sino negociadas por el Ejecutivo antes de la expedición de los decretos extraordinarios.
Lo que parece una discusión técnica no lo es tanto. En el continente americano se generaliza la tendencia a hacerle conejo a la consulta previa. Los grupos étnicos, especialmente protegidos por la normatividad internacional de derechos humanos, son una piedra en el zapato para las megaobras de infraestructura y los proyectos agroindustriales de gran envergadura. Esta no es la excepción en Colombia. La contradicción manifiesta en que se encuentra la coalición de Gobierno, entre su modelo neoliberal de desarrollo y su pretensión de reparar justamente a las víctimas del conflicto interno, se resuelve a favor de los negocios y en contra del reconocimiento cultural.
Permitir que la consulta previa a grupos étnicos se realice por vía de decretos ejecutivos y no en foro deliberativo que es el Congreso, debilita la democracia. El argumento, según el cual la complejidad y especificidad de las normas de reparación relativas a las comunidades justifican su discusión por separado, no convence. El gobierno Santos deja pasar una importante oportunidad, basado en la información de los daños sufridos por las minorías étnicas y culturales, de consultar con los afectados el tipo y la extensión de las medidas reparatorias.
La tendencia de emplear el atajo en materia democrática no es nueva. El gobierno Uribe la utilizó repetidamente, aunque con poca suerte. El código minero y la ley forestal fueron declarados inconstitucionales por desconocer el derecho fundamental a la consulta previa. Para evitar este desenlace con la ley de víctimas, el Gobierno debería comprometerse a consultar con grupos indígenas y comunidades afrocolombianas las respectivas normas que llevarían posteriormente al Congreso. Los extensos daños infligidos a estos grupos justifican una discusión amplia y abierta, en el foro democrático, de cuál debe ser el futuro desarrollo de su cultura. Lo contrario sería profundizar en la manipulación, agravando el despojo y la violencia que han sufrido históricamente.
MISOPROSTOL Y DESCONFIANZA
Por: Tatiana Acevedo
La comisión de regulación de salud decide, por estos días, sobre la posible inclusión del misoprostol en el POS, como fármaco para la práctica de abortos legales.
Como era de esperarse, la Procuraduría no tardó en sobresaltarse. En carta dirigida al ministro de la Protección Social sugirió que el medicamento no es legal y que su inclusión, pese a que se desconocen las cifras de abortos clandestinos, no obedece a una prioridad de salud pública.
La epístola, firmada por la procuradora delegada María Eugenia Carreño, expresa una preocupación principal: ¡el debate sobre la inclusión del medicamento ha hecho del conocimiento público su existencia y ello representa un gran riesgo para los “seres humanos por nacer”! Es decir, ahora que saben para qué sirve el misoprostol, las colombianas van a correr todas a abortar.
Varias precisiones sobre el episodio.
En 2007 el Invima autorizó el uso del misoprostol para la práctica de abortos enmarcados en las causales despenalizadas por la sentencia C-355 de la Corte Constitucional. De ser incluido en el POS, sólo podría ser entregado por la EPS con autorización del ginecólogo y a pacientes que estén enmarcados en los tres casos excepcionales que señaló la ley: cuando la vida de la mujer está en riesgo, si se diagnostican malformaciones incompatibles con la vida y en caso de violación. Nadie está hablando entonces de regalarlo cual vitamina C. El oscurantismo de la procuradora Carreño infunde terror (y raya en el desacato).
Una vez más se evidencia, en las acciones del organismo público, la profunda desconfianza hacia las mujeres. Pero debe enterarse la funcionaria de que las colombianas ya conocíamos el misoprostol. Su aparición no es nueva en el país. Produce dolores agudos, vómito, calambres y cuando se toma sin supervisión médica es altamente riesgoso. La decisión no es fácil ni cómoda, como se sugiere irrespetuosamente.
Por lo demás, diga lo que diga la procuradora hay mujeres que hoy tratarán de conseguir el fármaco en droguerías y clínicas clandestinas (y las habrá mañana). Pero esa es otra columna.
EL NUEVO SIGLO
PROYECTO DE LEY DE VÍCTIMAS COBIJARÁ A AFECTADOS EN PALACIO DE JUSTICIA
También operará un comité ejecutivo para la reparación, parecido a una junta directiva
Las afectados por el Holocausto del Palacio de Justicia serán beneficiarios de la ley de víctimas, como consecuencia de la decisión que tomó ayer la Comisión Primera del Senado de reconocer a personas en esa condición a partir del 1º de enero de 1985, en el tercer debate de la iniciativa.
De esta forma es la tercera vez que es modificada la fecha a partir de la cual se reconocerán a las víctimas de le violencia en Colombia, pues la Comisión Primera de la Cámara y la plenaria de la Cámara habían fijado que fuera el 1º de enero de 1991. Sin embargo en la ponencia para tercer debate propuso que fuera 1º de enero de 1986, fecha que finalmente no fue tenida en cuenta al acoger el 1º d enero de 1985.
“Todas la víctimas que en Colombia hayan sufrido menoscabo de sus derechos a partir del primero de enero de 1985 tendrán derecho a acceder a todas las medidas de reparación”, afirmó el senador liberal Juan Fernando Cristo, quien ofició como coordinador de ponentes para este tercer debate.
El Polo Democrático había propuesto que la fecha punto de inicio de la reparación fuera a partir del principio de la década de los años 80 con el fin de que no se quedaran por fuera las víctimas del exterminio de los seguidores de la Unión Patriótica, entre otros.
“Nosotros consideramos que debe haber una fecha uniforme tanto para la indemnización como para restitución de tierras, y esa fecha uniforme debe ser 1º de enero de 1980”, había señalado señaló el senador y ponente Luis Avellaneda.
La definición de la fecha para el reconocimiento de la calidad de víctima fue una de los escollos principales para que la ponencia para tercer debate del proyecto de víctimas y de restitución de tierras fuera radicado solo hasta el final de febrero pasado.
La polémica quedó planteada cuando, por cuestiones presupuestales, el Gobierno había insistido en que el reconocimiento económico a las víctimas corriera desde el 1 de enero de 1990, generando el rechazo de representantes de los partidos de oposición, como el senador Iván Cepeda, del Polo Democrático, quien recordó que el genocidio de la Unión Patriótica ocurrió precisamente en la década de los 80.
Acuerdo sobre Acción Social
Igualmente ayer los integrantes de la Comisión Primera de Senado llegaron a un principio de acuerdo sobre la entidad encargada de ejecuta la ley de víctimas. En ese sentido hubo entendimiento para Acción Social sea el organismo que se encargue de esta labor, pero para hacerlo debe adquirir el rango de un departamento administrativo.
Según lo establecía el proyecto original, y así lo mantuvo la Cámara en sus dos debates, se crearía una entidad para que se ocupara de todo el desarrollo de la ejecución de la ley de víctimas, sin embargo ya en Senado el Partido Social de Unidad Nacional (La U) propuso que esa labor fuera desarrollada por Acción Social de la Presidencia de la República para no crear más burocracia y teniendo en cuenta que esta entidad tiene amplia experiencia en el tema porque se ha encargado de la atención de la población desplazada a lo largo y ancho del país.
Sin embargo la propuesta de La U fue rechazada por colectividades como el Polo, que consideraron que con Acción Social se podría politizar el proceso de reparación a las víctimas de la violencia y la restitución de tierras.
Según lo acordado, Acción Social contaría con una unidad administrativa especial que se encargaría de implementar la ley, con lo cual se separa el tema de la política social de la política frente a las víctimas.
Igualmente se acordó la creación de un comité del más alto nivel que oficiará como una especie de junta directiva para toda la política de reparación a las víctimas durante los 10 años de vigencia de la norma que aspira reparar a cerca de cuatro millones de afectados por los actores violentos. Este comité será presidido por el Jefe de Estado
RADICAN PROYECTO QUE REFORMA RÉGIMEN DE JUECES DE PAZ
Para llegar a tener esa calidad, se exigirá pasar un concurso de méritos, similar al que se hace para ingresar a la Carrera Judicial.
Un proyecto de ley que busca reformar el régimen de los Jueces de Paz fue radicado ayer por el ministro del Interior y de Justicia Germán Vargas Lleras ante la Secretaría de General de Senado.
El Ministro resaltó que en este proyecto se establece que la elección de los Jueces de Paz sea por concurso de meritos. “Los jueces en equidad hoy son elegidos popularmente, el proyecto pretende profesionalizar el servicio, permitiendo que quienes sean designados, lo sean mediante concurso de méritos, no por elección popular”, afirmó el alto funcionario.
El jefe de la cartera política indicó que estos jueces contribuirán a descongestionar la Justicia y explicó además que fallan en equidad y no en Derecho. La justicia de Paz es una justicia concertada, en donde las partes de común acuerdo y voluntariamente someten a conocimiento del juez sus conflictos, explicó Vargas Lleras.
Según el funcionario, el Juez de Paz, que es un particular con vocación de servicio comunitario elegido por mérito como administrador de justicia, es competente únicamente para los asuntos que la ley lo habilita. Asuntos transables, conciliables o desistibles, que no sean sujetos a formalidades y que no superen los 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes.
Entre los principales puntos que contiene el proyecto de ley están que la elección de estos jueces sea por concurso de meritos, propone un nuevo mecanismo de elección mediante concurso de méritos abierto, similar al establecido para el ingreso a la Carrera Judicial.
Además, habrá una articulación entre los conciliadores en Equidad y los Jueces de Paz. La iniciativa exige que para ser Juez de Paz se debe haber sido conciliador en Equidad. La modificación supone hacer una carrera al interior de la llamada “Justicia en Equidad”, elegir personas preparadas con experiencia en el tema y comprobado servicio a la comunidad.
El proyecto es claro en contemplar la inexistencia de la segunda instancia en los juicios en Equidad. “Por tratarse de una justicia rogada, no habrá segunda instancia en las Sentencias que se profieran en equidad”, dice el texto de la iniciativa.
De otra parte, el articulado contempla que si las partes no llegan a ningún acuerdo conciliatorio y el juez se ve obligado a dictar Sentencia en equidad, estas deberán pagar determinados honorarios.
De igual manera, se podrán utilizar los Centros de Convivencia y las Casas de Justicia, entre otros lugares, que provean Municipios y Distritos para la Jurisdicción Especial de Paz.
La semana pasada, el Gobierno había radicado el proyecto de ley que busca expedir el Estatuto de Registro de Instrumentos Públicos. Con esta ley la Superintendencia de Notariado y Registro contará con una herramienta que permitirá, a través del uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, dotar de plena seguridad el manejo de la propiedad inmueble en Colombia.
Esta iniciativa propone además la creación de una Carrera Registral en donde los méritos profesionales y académicos sean el factor preponderante para el nombramiento de los Registradores de Instrumentos Públicos.
Estas dos iniciativas hacen parte de un paquete de 11 que el Gobierno había anunciado que iba a radicar en el Congreso. De igual manera, ya fue radicado el proyecto que desarrolla el Código General del Proceso, que busca la oralidad en los procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia.
Aún faltan por ser radicados, entre otros, la reforma al Código Penitenciario y Carcelario, que plantea que los servicios de vigilancia interna y la administración de los centros penitenciarios sean ejecutados por particulares; además, el proyecto de Estatuto Arbitral, que obligaría a los árbitros a desempeñarse en una sola materia.
RCN RADIO
AFECTADOS POR 'CHUZADAS' INSTAURAN TUTELA PARA SER RECONOCIDOS COMO VÍCTIMAS EN PROCESO CONTRA EX PRESIDENTE URIBE
Víctimas de 'chuzadas' denuncian interceptaciones ilegales, ahora por inteligencia militar
RCN La Radio conoció que las personas afectadas por el caso de las 'chuzadas', instauraron una acción de tutela ante el Tribunal Superior de Bogotá con el propósito de que la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes los reconozca como víctimas en el proceso que se sigue contra el ex presidente Álvaro Uribe.
Luis Guillermo Pérez, representante del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, dijo que a la fecha la Comisión de Acusación se ha negado sin explicación alguna a acreditarlo legalmente como víctimas y por ello les ha sido imposible acceder a información del proceso contra el ex presidente Uribe.
De igual forma, señaló que esta situación también les ha impedido a los afectados de las chuzadas a poder interrogar testigos, como ha sido el caso de la ex subdirectora de operaciones del DAS, Martha Leal, el periodista Daniel Coronell, entre otros.
También el abogado Pérez reveló a RCN La Radio que fue presentado dentro de este mismo caso un incidente de desacato contra la Comisión de Acusación de la Cámara por la tutela fallada por el Tribunal Superior de Bogotá que ordenaba hacer público el proceso contra el ex presidente Uribe.
El incidente de desacato fue interpuesto el pasado 28 de marzo, cuatro días después de la declaración rendida ante la Comisión de Acusación de la Cámara por parte del periodista Daniel Coronell en calidad de testigo, la cual explicó se suponía debía ser pública.
Agregó que si esta última acción es fallada a favor de las víctimas sería la Corte Suprema de Justicia la que tendría que aplicar las correspondientes sanciones penales contra el representante de la Comisión de Acusación.
UN 33% DE LOS MAGISTRADOS DE LAS ALTAS CORTES NO RESPONDEN SI TIENEN FAMILIARES EN CARGOS DEL GOBIERNO
El 33% de los magistrados de la altas cortes se negaron a responder si tienen hijos, hermanos, sobrinos o primos vinculados laboralmente con la Rama Judicial o el Ejecutivo. Con este silencio los juristas quedaron expuestos a una investigación por mala conducta, sancionada por el Código Contencioso Administrativo.
RCN La Radio presentó el 15 de febrero un derecho de petición dirigido a cada uno de los magistrados de la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo Superior de la Judicatura, para conocer si los juristas cumplían con la norma que castiga el nepotismo en el Estado.
De los 75 magistrados consultados sobre la posibilidad de que alguno de sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad hubiera sido contratado después de su nombramiento, 51 respondieron que no. En otros casos indicaron que no contaban con esa información, es decir, ni negaban ni confirmaban la posibilidad de la existencia de esa eventual relación: familiar de magistrado contrato con el Estado.
Un magistrado de la Corte Suprema señaló que no podía suministrar esa información porque violaba el derecho a la intimidad de sus familiares, pese a que es de público conocimiento que uno de sus hijos y un hermano trabajan en la Procuraduría.
Entre las respuestas al derecho de petición figuran las de 10 magistrados, quienes confirmaron que después de su posesión algunos de sus familiares fueron vinculados laboralmente en la Procuraduría, el Ministerio de Defensa, la Alta Consejería para la Reintegración, la Fiscalía y la Rama Judicial. En todos los casos, según los magistrados, estos nombramientos obedecieron a concursos y los méritos de los funcionarios y no a una recomendación.
Estos son los magistrados que tienen algún familiar en un cargo del Estado:
- María Mercedes López Mora, magistrada de la sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, tiene una hermana trabajando en la dirección de Fiscalías de Medellín.
- Gustavo José Gnecco, magistrado sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, su hermana trabaja en el Ministerio de Defensa.
- Ruth Marina Díaz Rueda, magistrada sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, una sobrina trabaja en la Fiscalía y otra hace la Judicatura en la Procuraduría.
- Fernando Giraldo Gutiérrez, magistrado sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, su sobrino es secretario del Juzgado 20 Administrativo de Medellín.
- Sigifredo Espinosa Pérez, magistrado sala Penal Corte Suprema, su sobrino fue elegido Juez 10 Civil de Medellín.
- Julio Enrique Socha Salamanca, magistrado sala Penal Corte Suprema, un sobrino trabaja hace 5 años en el DAS.
- Víctor Hernando Alvarado Ardila, magistrado de la sección Segunda del Consejo de Estado, sus esposa trabajó 11 años en la Procuraduría, se retiró dos años y volvió en marzo de 2010.
- Danilo Alfonso Rojas Betancourth, magistrado de la sección Tercera del Consejo de Estado, su hermana es sustanciadora del despacho de la magistrada del Consejo de Estado, Stella Conto Díaz, con quien ya había trabajado en la Corte Constitucional.
- Olga Mélida Valle De la Hoz, magistrada sección Tercera del Consejo de Estado, un sobrino trabaja en la Alta Consejería para la Reintegración Social.
- Hugo Fernando Bastidas, magistrado de la sección Cuarta, su hijo trabaja en la Procuraduría.
Los 25 magistrados que no respondieron el derecho de Petición son:
- Corte Constitucional: Mauricio González Cuervo, María Victoria Calle Correa, Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, Humberto Antonio Sierra Porto y Luis Ernesto Vargas Silva.
- Consejo Superior de la Judicatura: Hernando Torres Corredor, José Alfredo Escobar, Jorge Antonio Castillo Rugeles, Pedro Alonso Sanabria Buitrago y Jesael Antonio Giraldo (renunció al cargo el 18 de febrero) y Julia Emma Garzón de Gómez.
- Corte Suprema de Justicia: Luis Gabriel Miranda Buelvas, Pedro Octavio Munar Cadena, Edgardo Villamil Portilla, Leonidas Bustos Martínez, Javier de Jesús Zapata Ortiz, Jorge Luis Quintero Milanés (el 13 de marzo venció su período).
- Consejo de Estado: Marco Antonio Velilla, Rafael Ostau de Lafont, Gerardo Arenas Monsalve, Bertha Lucía Ramírez, Enrique de Jesús Gil Botero, Ruth Stella Correa Palacio, Augusto Hernández Becerra, Enrique José Arboleda Perdomo.
CARACOL RADIO
EL PROCURADOR ACOMODÓ INFORME PARA PARA OPONERSE A LA PILDORA ABORTIVA: RODRIGO UPRIMNY
El procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, acomodó un informe de la Organización Mundial de la Salud para justificar su oposición frente a la inclusión del Misoprotol, medicamento abortivo, en el Plan Obligatorio de Salud, POS.
Así lo denunció en el programa Hora 20 de Caracol, el exmagistrado de la Corte Constitucional, Rodrigo Uprimny.
El procurador Alejandro Ordóñez había señalado que la inclusión de este medicamento en el POS no obedece a una necesidad de salud pública.
En una carta al Ministerio de Protección, advierte que sobre la administración del “Misoprostol” como un abortivo, la Organización Mundial de la Salud hizo algunas precisiones y recomendaciones en la guía técnica y de políticas para sistemas de salud “Aborto sin riesgos” (2003), la cual fue incorporada en Colombia mediante una resolución.
El exconstitucionalista Rodrigo Uprimny dice que la Procuradora María Eugenia Carreño utiliza apartes de un concepto de la Organización Mundial de la Salud y "no cita integralmente el sentido, hace decir lo que no es".
Según el experto la Procuraduría "amaña y saca de contexto" los dos apartes de dos resoluciones de la OMS.
En la primera dan a entender que la OMS previene sobre riesgos del uso del medicamento, "lo que no aclara es que no se refiere al uso del Misoprostol para el aborto, sino cuando hay hemorragias, eso es muy distinto", dijo el jurista.
Lo que pretende la OMS es alertar sobre los tratamientos de la píldora en caso de hemorragias durante el embarazo.
En otro aparte, cita a la OMS para hablar sólo de los riesgos y no de sus ventajas.
"Yo creo la conducta de la Procuradora linda con el código penal, con la figura de falsedad ideológica. Cuando un funcionario transcribe apartes ocultando la verdad y sugiere que la OMS dice que este es un medicamento riesgoso cuando en realidad dice que es esencial".
También advirtió que es la primera vez que la Procuraduría pide los estudios cuando se van incluir nuevos medicamentos al POS.
La Comisión Reguladora en Salud, CRES, definirá este mes si incluye o no tres medicamentos al POS, entre ellos el Misoprostol.
NO HAY TEMAS TRASCENDENTALES EN LA REFORMA A LA JUSTICIA: CORTE SUPREMA
El presidente del Alto Tribunal, Camilo Tarquino, señaló que los temas que se trabajan en la reforma a la justicia que concerta el Gobierno con las Cortes “no hay temas tan trascendentales como se esperaba del Gobierno”.
En diálogo con Caracol Radio, Tarquino manifestó que esperaban puntos de un verdadero cambio a la Constitución y auguró que el proyecto final llevado al Congreso “ojalá tengan todos los ingredientes necesarios para llamarlo reforma”.
Así mismo, el Magistrado se quejó de que haya dos proyectos del Gobierno que van en contravía del futuro del Consejo de la Judicatura.
“Los artículos 45, 46, 47 del estatuto anticorrupción fortalecen la judicatura y en la reforma busca eliminarla”, concluyó el Presidente.
Las inquietudes del tribunal le serán expuestas esta mañana al ministro del Interior, Germán Vargas, antes de que inicie la cumbre de Anapoima con los partidos de la coalición.
CMI
CORTE CONSTITUCIONAL DECLARA AJUSTADOS A LA LEY OCHO DECRETOS DE LA EMERGENCIA
La Corte Constitucional aprobó ocho decretos más de la primera Emergencia Social, entre ellos la creación del fondo de adaptación para la recuperación y reconstrucción de las zonas afectadas por el invierno.
El Presidente del Alto Tribunal, Juan Carlos Henao, aseguró que el decreto fue hallado constitucional, pero lo condicionó a que su vigencia puede ser solo por cuatro años.
"El condicionamiento es en el tiempo. El fondo solo podrá realizar contrataciones hasta el 2014. Esto se hará para la reconstrucción de las zonas afectadas", indicó el magistrado.
Juan Carlos Henao tan bien señaló que todavía no se ha analizado la posibilidad de modular algunos decretos de la segunda Emergencia Social, que fue declarada inconstitucional.
"No hemos hablado del tema, pero cuando llegue el momento estudiaremos si los efectos de las decisiones son inmediatos o a futuro", puntualizó el magistrado.
Finalmente, la corporación tumbó siete decretos de esa segunda Emergencia y dejó para después de semana santa el estudio del decreto de la adición presupuestal.
SANCIONAN A MAGISTRADO POR DEMORAS EN SUS FALLOS
La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura sancionó al magistrado del Tribunal Administrativo del Valle, Adolfo León Oliveros Tascón, por no responder a tiempo un recurso de queja interpuesto por un ciudadano.
Según el Alto tribunal, el funcionario se demoró 21 meses y 13 días para contestar el recurso que máximo tiene un término de 10 días.
Para los magistrados de la Sala Disciplinaria, la congestión en los despachos judiciales no puede ser una excusa para justificar la demora en el trámite de los procesos.
“No se discute la abundante carga que pesa sobre los operadores de justicia, pero ello no justifica el deber de cuidado con que debió actuar el funcionario inculpado. No se debe retardar o negar injustificadamente el despacho de asuntos o la prestación del servicio al que está obligado”, indica la sentencia.
El particular que interpuso la queja pretendía reclamar, con el recurso, su derecho a la pensión de vejez a través de una acción de nulidad y restablecimiento del derecho.
REVISTA SEMANA
¿QUÉ SIGNIFICA EL ACUERDO PARA IMPULSAR EL TLC CON EE.UU.?
Por César Paredes, periodista de Semana.com
Analistas coinciden en que aún falta trecho para la aprobación del tratado y que casarse con la agenda de un partido en campaña tiene sus riesgos. Pero también resaltan el compromiso con los Derechos Humanos.
Una vez más se revive la esperanza de quienes ven en el TLC con Estados Unidos una oportunidad para su crecimiento económico. El anuncio de que en las próximas horas los presidentes Barack Obama, de Estados Unidos, y Juan Manuel Santos, de Colombia, firmarán un acuerdo para la ratificación del TLC, despierta entusiasmo.
El TLC lleva cuatro años engavetado en el Congreso estadounidense. Políticamente, esa demora ha sido aprovechada por los defensores de derechos humanos para poner el foco sobre los problemas de Colombia en esa materia, pero a la vez, ha frustrado las expectativas de sectores económicos que lo consideran provechoso para sus intereses.
Las condiciones
Según versiones extraoficiales, el acuerdo incluirá un compromiso de Colombia para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores colombianos. Uno de los aspectos clave es la supresión de las cooperativas asociadas de trabajo, determinación que es vista con buenos ojos por el propio Santos y su vicepresidente, Angelino Garzón.
Las cooperativas han sido utilizadas por algunas empresas para evadir el pago de impuestos y además han contribuido a desmejorar las condiciones laborales.
El acuerdo también incluye una mayor veeduría de Estados Unidos en Colombia por los derechos humanos, especialmente los de los líderes sindicales.
Para el economista Jorge Pulecio, del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional, esta sería “una concesión inédita en la firma de tratados de comercio internacional”.
Hasta ahora, el argumento de la protección a los sindicalistas había sido utilizado políticamente por los demócratas para eludir la ratificación del TLC en el Congreso estadounidense, pero nunca había sido contemplado como un compromiso que deben asumir quienes firman los tratados con Estados Unidos.
Para el economista y analista de RazónPública.com Amílkar Acosta, los reclamos de Washington no son nuevos. Precisamente, dice, los resultados flojos en la protección a los derechos humanos les habían dado argumentos a los demócratas para no aprobar el tratado.
“La diferencia —argumenta— es que Santos ha sido más proactivo en inculcar cambios en esa materia, y eso lo han sabido valorar en Estados Unidos”.
El compromiso seguramente tendrá repercusiones políticas porque será visto como una concesión a los demócratas, ad portas del comienzo de la campaña presidencial por la Casa Blanca. Esa circunstancia le da un significado distinto al anuncio del impulso demócrata del acuerdo en un Congreso de mayoría republicana.
Por esta razón, para Acosta, “debemos recoger lecciones aprendidas”. En su criterio, el gobierno colombiano bajo la administración de Álvaro Uribe cometió el error de tomar partido por la candidatura de John McCain. “Esa factura todavía nos la están cobrando”, agrega.
¿Qué significa?
El anuncio del acuerdo para impulsar el TLC sorprendió, más aún cuando el pasado 25 de enero, el presidente Barack Obama, en el Discurso anual del Estado de la Unión, reiteró “que sólo suscribiría pactos que beneficiaran a los trabajadores estadounidenses y promovieran empleos en Estados Unidos”. En otras palabras, en ese momento no dijo que no, pero tampoco dijo que sí.
Ahora, según lo confirmó el representante comercial estadounidense Ron Kirk, el acuerdo se logró luego de que Colombia se comprometió a incrementar las protecciones laborales.
Pero, también, el acuerdo es visto como una oportunidad para Estados Unidos de incrementar sus exportaciones, tras el coletazo de la crisis económica que lo sacudió. El presidente del Comité de Finanzas del Senado, el demócrata Max Baucus, dijo que, una vez ratificado, “el TLC aumentará las exportaciones estadounidenses, creará empleos bien remunerados en EE.UU. y ayudará a cimentar nuestro liderazgo en la apertura de mercados globales”.
Un hecho que no se puede soslayar es que, recientemente, Obama anunció que aspira a la reelección. Y otra vez, el TLC puede caer en el entramado de los intereses políticos.
Para la internacionalista Sandra Borda, experta en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos, “Obama intenta enviar el mensaje de que tiene voluntad política, y así mostrarse amigable. recientemente el mandatario estadounidense se ha mostrado interesado en ganarse al sectr privado”.
En criterio de la analista, la ratificación del TLC no es algo que trasnoche al electorado estadounidense, por lo que no se puede considerar un aspecto significativo de la campaña que se cierne. No obstante, mostrar esa “voluntad” sí le ayudaría a contener, en parte, las críticas de republicanos como John McCain, que califican de negativo el hecho de que el principal aliado de Estados Unidos en la región no cuente con un tratado comercial.
El economista Acosta, por su parte, considera que el acuerdo hace parte del replanteamiento de las relaciones entre Colombia y Estados Unidos que se han suscrito a temas como la seguridad y el narcotráfico. “Además, pone de manifiesto por parte de Estados Unidos, el interés de recomponer sus relaciones con América Latina y, particularmente, con Colombia”.
lo cree Borda. En su criterio, el gobierno colombiano se había comprometido a diversificar sus relaciones con Estados Unidos y las recientes declaraciones de Santos muestran que “Estados Unidos sigue siendo el eje de la política exterior colombiana. El TLC debe ser una alternativa de las relaciones, pero no la única”, dijo la analista.
¿Lo aprobarán?
Al margen de los compromisos que asuma la administración de Santos con el respeto a los derechos de los sindicalistas o con la mejora de las políticas laborales, la ratificación del TLC no está asegurada. Una cosa es el compromiso, y otra la garantía plena de la aprobación del TLC que se firmó por los dos gobiernos en el 2006.
Santos, sin embargo, parece decidido. Este miércoles desde Nueva York dijo que intentará fijar con Obama una fecha para la presentación del acuerdo ante el Congreso de EE.UU.
No obstante, Obama no tiene control de toda la bancada demócrata y, en criterio de Borda, “son más indisciplinados que los republicanos”. “Dentro de ese partido hay personas que tienen un peso en los sindicatos, que tal vez no van a estar de acuerdo”, agregó.
En ese mismo sentido, Pulecio advierte que aún no está clara la posición de todos los demócratas que consideran “demasiado costosa la aprobación del TLC”. Por eso, lo que se prevé es que haya una intensa discusión, pero la aprobación del tratado podría tardar.
En las últimas semanas, líderes de ambos partidos han pedido a la Casa Blanca que envíe al Congreso el TLC para su votación definitiva, pues Colombia ha negociado acuerdos comerciales con otros países.
Según el tratado, el 80 por ciento de las exportaciones estadounidenses a Colombia estará libre de impuestos y los aranceles restantes desaparecerán durante los próximos 10 años. Más de la mitad de las exportaciones agrícolas estadounidenses a Colombia también serán libres de impuestos, y casi todos los aranceles desaparecerán en 15 años.
La pregunta que surge es si después de más de cuatro años las condiciones del tratado que se firmó en el 2006 siguen siendo las mismas. En ese momento no había llegado la crisis económica y algunas de las condiciones estaban pensadas para su aplicación cercana.
De hecho, el cuestionado programa Agro Ingreso Seguro se había pensado para contener el efecto negativo del acuerdo en el sector agrícola. Más de cuatro años después, este “está peor”, en palabras de la exsenadora Cecilia López.
No obstante, el debate se ha concentrado en la “dignidad” que representa tener un TLC, y no en sus efectos. Y el Gobierno no parece interesado en abrir, otra vez, esa caja de pandora. Es decir, el acuerdo no se renegociará.
FONDO DE ADAPTACIÓN ES EXEQUIBLE: CORTE CONSTITUCIONAL
La medida está incluida dentro de la emergencia económica que fue invocada por el Gobierno por cuenta de los desastres originados en la última temporada invernal. Seis decretos de la segunda emergencia se declararon inexequibles.
El alto tribunal puso como condición para su funcionamiento que solamente opere hasta 2014, lapso que sería suficiente para adelantar planes de reconstrucción en las zonas afectadas por el exceso de lluvias.
Así las cosas, el Gobierno central podrá hacer las contrataciones, estudios, diseños, planes y transferencias de recursos respectivos, mediante el decreto 4819 de 2010, para solucionar las problemáticas de las víctimas de la ola invernal.
Los dineros provenientes del Fondo solamente únicamente podrán tener destinación a la atención de la emergencia a través de las entidades públicas correspondientes, que deberán llevar un registro contable del presupuesto que manejarán.
La Corte también declaró inexequibles seis de los decretos de la segunda emergencia económica convocada por el Gobierno. Entre las medidas que se cayeron, estaba el subsidio a los servicios públicos, el de empleos transitorios y el seguro agropecuario, entre otros.
CONGRESO CONCILIÓ LEY DE FACULTADES PARA REFORMAR EL ESTADO
Senado y Cámara acordaron el texto definitivo de la ley que le permitirá al presidente Juan Manuel Santos revivir tres ministerios y reestructurar entidades del Estado. Pasa a sanción presidencial.
Las plenarias de Senado y Cámara aprobaron por unanimidad la conciliación del texto de la ley que le otorga al presidente Juan Manuel Santos facultades especiales para reestructurar el Estado.
El trámite obedeció a que en el último debate en el Senado se hicieron varias modificaciones al texto que había sido aprobado por la Cámara.
En consecuencia, el texto pasará a la sanción del propio Presidente de la República. A partir de ese momento, Santos tendrá seis meses de facultades para expedir los decretos con los que haga la anunciada reingeniería del Estado.
En esa reestructuración, los ministerios de Justicia, Ambiente y Trabajo entrarán como carteras independientes del gabinete, a más tardar, el próximo mes de octubre.
las entidades del Estado que serán objeto de reestructuración está el DAS, el Inpec la Dirección Nacional de Estupefacientes, entre otras.
LEY DE VÍCTIMAS: REPARACIÓN DESDE 1985
Víctimas del holocausto al Palacio de Justicia, magnicidios políticos y el narcoterrorismo de mediados de los 80 serán reconocidas en la ley de reparación a las víctimas.
Una de las más fuertes controversias del proyecto de ley de víctimas fue superada este miércoles por la Comisión Primera del Senado.
Los partidos políticos llegaron al común acuerdo de modificar lo aprobado por la Cámara de Representantes y establecer el 1 de enero de 1985 como la fecha desde la que serán reconocidas las víctimas.
La Cámara de representantes había establecido que la ley de víctimas solo repararía a quienes hubieran sufrido menoscabo de sus derechos a partir del 1 de enero de 1991.
La decisión del senado no sólo amplía el universo de las víctimas sino que alcanza a incluir casos emblemáticos del conflicto colombiano.
Por ejemplo, el holocausto del Palacio de Justicia (noviembre de 1985), los crímenes de tres candidatos presidenciales, el exterminio de la Unión Patriótica, y las víctimas de la primera ofensiva del paramilitarismo.
Sectores defensores de víctimas de crímenes de Estado habían advertido que si la ley de reparación a las víctimas no modificaba su fecha y no contemplaba casos como los señalados, estaría en contra de sentencias de la justicia colombiana que ya declararon crímenes de lesa humanidad, por ejemplo, las desapariciones del holocausto del palacio de Justicia.
Sin embargo, en materia de restitución de tierras, el proyecto contemplará que serán objeto de restitución quienes hayan sido despojados de sus predios desde el 1 de enero de 1991.
Ese fue el principal avance de la discusión que se adelantó este miércoles en el Senado, donde cerca de un conjunto de 40 artículos fueron aprobados en tercer debate.
La discusión continuará en la tarde del lunes 112 de abril, donde deberán ser estudiados algunos de los artículos más controversiales.
Entre ellos el que se refiere a la institucionalidad de la reparación de las víctimas, donde hay sectores opuestos. Por un lado, el Partido Liberal propone que se cree un nuevo departamento administrativo, mientras que La U insiste en que sea acción social la encargada de la reparación a las víctimas.
Iglesia apoya reparación integral
El secretario de la Conferencia Episcopal, monseñor Juan Vicente Córdoba, se hizo presente en el tercer debate de la ley de víctimas y sentó la posición de la iglesia católica frente al proyecto.
Monseñor Córdoba pidió al Congreso legislar una reparación integral a las víctimas y que no se concentre en sólo la indemnización económica ni la restitución de tierras. Pidió mecanismos de acompañamiento psicológico y social a las víctimas con el propósito de avanzar en el perdón, la reconciliación y la consecución de la paz.
Córdoba consideró que este proyecto, bandera del gobierno, es apenas un primer paso al reconocimiento y la dignidad de las víctimas, pero que no debe ser el único.
ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN ESTÁ CRUDO": LA U
El partido del presidente Santos impidió que la Cámara empezara el último debate de uno de los proyectos del Gobierno. Su vocero, Augusto Posada, explicó que no van a discutir un proyecto que no pone en cintura a los corruptos.
Al Partido de La U lo volvieron a responsabilizar de dilatar el trámite de los proyectos del gobierno en el Congreso.
Este miércoles, cuando estaba previsto el inicio del último debate del estatuto anticorrupción, los representes a la Cámara del partido del presidente Juan Manuel Santos pidieron excluirlo del orden del día.
El ministro del interior, Germán Vargas Lleras, y el coordinador de ponentes, Germán varón (Cambio Radical), no encontraron fórmulas para empezar el estudio del proyecto.
Varón dijo que había un acuerdo para ello, pero que a última hora La U decidió imponer sus mayorías y excluir el estatuto de oposición de la agenda de la plenaria.
La U, en la plenaria, esgrimió públicamente uno de los argumentos que ya se han hecho reiterativos. Que el partido necesita estudiar el proyecto a profundidad y socializarlo, primero, al interior de su bancada.
En la plenaria, varios representantes advirtieron “algo raro” en la decisión de La U, como lo expresó el vicepresidente de la Cámara, Germán Navas Talero, del Polo Democrático.
“Hay intereses extraños contra el proyecto, especialmente frente a un artículo que deroga las prórrogas automáticas de los contratos de concesión”, dijo Navas. “Sería lo más paradójico que el partido del presidente Santos sea el que se opone al proyecto”.
Semana.com dialogó con el representante Augusto Posada, vocero de La U en la Cámara. El representante calificó el estatuto de oposición como un proyecto “muy crudo” y que su partido no se prestará a “ferrocarrilear” un proyecto sobre el que hay “muchos intereses individuales”.
“El Partido de La U no tiene claridad sobre el proyecto, creemos que hay grandes falencias de fondo. La U apoyará un proyecto anticorrupción que verdaderamente ponga en cintura a los corruptos. Pero no enviará un mensaje al país de que se sacó una ley que no cumpla con ese objetivo. El estatuto anticorrupción no está listo”, le dijo Posada a Semana.com
Posada también dijo que el Congreso es uno de los poderes autónomos del Estado y que no está sometido a la voluntad del Ejecutivo. “La plenaria de la Cámara no es un rebaño del gobierno”.
Detrás de la discusión de este proyecto hay varios puntos sobre los que no hay acuerdos políticos.
Germán Varón recordó que el proyecto pretende ampliar el tiempo de prescripción de la acción disciplinaria para actos de corrupción. Hoy es de cinco años, pero se empiezan a contar a partir del momento en que se produjo el hecho de corrupción y no desde el momento en que se descubrió la irregularidad.
También causa controversia entre sectores de la Cámara la propuesta de inhabilitar para ser alcaldes y gobernadores a quienes tienen familiares en el Congreso, hecho que afectaría a varios aspirantes a las elecciones de octubre próximo.
El caso más concreto es el del candidato a la Alcaldía de Bogotá por Cambio Radical, quien tiene un hermano en el Senado. Eso podría inhabilitar sus aspiraciones.
Otro punto muy controvertido es el que prohíbe que los contratistas del Estado financien campañas políticas. En el tercer debate esta prohibición se reversó y el texto establece simplemente que el contratista esté obligado a manifestar públicamente, en caso de una convocatoria, que ayudará a la campaña del elegido y en qué cuantía.
CONGRESO PEDIRÁ AL GOBIERNO APLAZAR REFORMA A LA JUSTICIA
El presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, considera que si el gobierno presenta una reforma a la justicia podrá afectar varios proyectos clave en el Congreso.
Esa será la petición que el presidente de la Comisión Primera del Senado, Eduardo Enríquez Maya, le hará al ministro del Interior. Hay varios proyectos que "tienen peligro" en su trámite y la reforma podría alterar la agenda.
A partir de este jueves, el ministro del Interior discutirá con los senadores y representantes de las comisiones primeras del Congreso la conveniencia o no de presentar la reforma a la justicia.
Para el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, este proyecto “es urgente” para el país, especialmente para afrontar dos de los principales problemas de la rama judicial: la congestión y el acceso a todos los colombianos.
El propósito del ministro es que este semestre empiece el estudio de la reforma. Un proyecto que, por ser una reforma constitucional, requiere ocho debates. Según Vargas Lleras, esta legislatura, la más corta de cada periodo, el Congreso podría avanzar, si hay acuerdos, en los primeros cuatro debates del proyecto. Y después del 20 de julio dar “un debate más profundo”.
“Si logramos unos consensos mínimos en materias de acceso, descongestión, temas institucionales que parecen ser los más complejos, y asuntos de seguridad jurídica que queremos impulsar en este proyecto, sería extraordinario que este semestre le demos primera vuelta para que a partir de julio del 2011, ya de una manera más pausada y meditada, se avance en la discusión”, pedirá Vargas Lleras a los partidos políticos este jueves en Anapoima.
Pero el Congreso tiene otra opinión. Semana.com dialogó con el presidente de la Comisión Primera del Senado, el conservador Eduardo Enríquez Maya, quien fue categórico al afirmar que el gobierno debe posponer el debate de la reforma a la justicia.
“Considero que el proyecto se debe presentar en las sesiones ordinarias a partir del 20 de julio. Hoy no es conveniente. Tenemos peligro en muchos proyectos, el tiempo es muy estrecho y puede haber muchas dificultades en su trámite”, dijo Enríquez Maya.
Esa observación será trasladada al ministro del Interior. Además le explicará que las comisiones primeras ya se están ocupando de cuatro reformas constitucionales: regalías, impedimentos de congresistas, sostenibilidad fiscal y el paso de empleados provisionales a la carrera administrativa.
Además hay proyectos acumulados que no se pueden dejar de lado, como el de la reparación a las víctimas y la restitución de tierras. “Las comisiones primeras hemos decidido sesionar de lunes a jueves, de lo contrario no nos alcanzará el tiempo”, explicó Enríquez Maya.
Los puntos de una reforma a la justicia
A diferencia de lo que considera el gobierno, el Congreso considera que la reforma a la justicia debe ir más allá de los temas de la descongestión y el acceso.
Según el presidente de la Comisión Primera del Senado, una reforma a la justicia integral, como la prometió el propio gobierno, también debe afrontar el tema de los funcionarios aforados.
En este sentido, el Congreso insistirá en que senadores y representantes deben tener las mismas condiciones y garantías de los demás ciudadanos en los procesos judiciales. Es decir, el derecho a la doble instancia.
También, explicó Eduardo Enríquez Maya, y acogiendo sugerencias de la Corte Suprema de Justicia, se debe fortalecer la investigación, las acusación y los juicios contra altas dignidades del Estado que son competencia de la Cámara de Representantes. “El presidente de la Corte Suprema de Justicia ha insistido en que la Comisión de Acusaciones debe estar integrada por juristas y debe funcionar de la misma forma que una sala de casación”.
La reforma también debe afrontar “de una vez por todas” el tema de la tutela, especialmente el de evitar que se convierta en un “choque de trenes entre las altas cortes”.
Reforma, la asignatura pendiente
No sólo el presidente Juan Manuel Santos, también el ministro del Interior, en sus épocas de campaña, coincidieron en la necesidad de reformar la justicia.
Sin embargo, esta ha sido una idea de gobiernos anteriores que nunca se ha podido consolidar.
El gobierno del presidente Álvaro Uribe fue el que más insistió pues en sus ocho años de gobierno radicó ante el Congreso cuatro proyectos de reforma judicial.
Los ministros del Interior de Uribe, Fernando Londoño, Sabas Pretelt de la Vega , Carlos Holguín Sardi y Fabio Valencia Cossio fracasaron en el Congreso. Sus proyectos se hundieron en el trámite, o en el caso de la reforma liderada por Valencia Cossio tuvo que retirarla por la puerta de atrás, sin que superara un solo debate.
El actual gobierno recogió las sugerencias de una comisión de expertos y presentó un borrador de la reforma a la justicia que no fue bien acogido por las Cortes. Decidió aplazar la presentación de la reforma y crear una mesa interinstitucional para buscar consensos. De momento no se han logrado.
El presidente Juan Manuel Santos, luego de su gira en Estados Unidos, se reunirá este viernes en anapoima con los congresistas. Definirá la suerte de la reforma a la justicia.
EMERGENCIA INVERNAL: ARRANCA EL PLAN B DEL GOBIERNO
Cuatro proyectos de ley con mensaje de urgencia ya están en el Congreso. Los fallos de la Corte Constitucional sobre los decretos expedidos bajo la emergencia social, económica y ecológica pusieron al Gobierno en una carrera contrarreloj.
Los fallos de la Corte Constitucional en siete decretos expedidos bajo el amparo de la emergencia social, económica y ecológica puso en aprietos al Gobierno que ahora depende del Congreso de la República para seguir adelante con algunos de los procesos puestos en marcha para atender a los afectados por el fuerte invierno del año anterior.
El senador y presidente del partido de La U, Juan Lozano, radicó este martes dos proyectos de ley para atender la emergencia, luego de que, como decretos, el alto tribunal los declarara inconstitucionales. Uno de ellos es el que crea el empleo de emergencia, que tuvo una modificación en el proyecto radicado y que incluye mensaje de urgencia del Gobierno.
El objetivo de esta iniciativa es dar empleo con afiliación a seguridad social y durante seis meses a los damnificados en trabajos que ayuden a la reconstrucción de sus regiones afectadas por un desastre. Pero, a diferencia del decreto original, este proyecto de ley busca convertir el empleo de emergencia en una herramienta a la cual se pueda recurrir siempre en caso de catástrofes.
“Si hay un derrumbe, por ejemplo, que el municipio localmente lo pueda utilizar (el empleo de emergencia) sin necesidad de una emergencia nacional”, explicó el presidente de la comisión accidental del Senado, Juan Lozano, quien radicó la propuesta junto con Gloria Díaz, presidente de la comisión accidental de la Cámara.
El segundo proyecto de ley es el que permite entregarles subsidios de gas, alcantarillado y luz a los damnificados de “cualquier fenómeno natural peligroso”. El proyecto propone crear la figura de subsidio excepcional que, de aprobarse, no aplicará sólo para atender la actual emergencia, sino las que se presenten en el futuro.
La carrera en el Congreso
Los dos proyectos de ley radicados este martes por el senador Juan Lozano hacen parte del plan b que el Gobierno construye sobre la marcha luego de que la Corte Constitucional decretara inexequibles siete decretos (incluido el que prorroga el estado de excepción) del paquete de 37 normas expedidas bajo la emergencia social, económica y ecológica.
El ‘golpe’ más fuerte para el Gobierno es en materia de recursos: los magistrados de la Corte tumbaron dos decretos vitales, a través de los cuales se esperaba contar con el dinero para invertir en las tres fases definidas para atender la emergencia: humanitaria, reparación y rehabilitación.
Uno de ellos es el que permitía la venta del 10 por ciento de las acciones que la nación tiene en ECOPETROL y con el que se esperaba recaudar 16 billones de pesos. Desde su expedición, fue uno de los decretos que más levantó ampolla entre los congresistas que no vieron con buenos ojos que el Gobierno lo decretara bajo el estado de excepción y sin hacer el debido curso en el Congreso.
El viceministro de Hacienda, Bruce Mac Master, aseguró que el plan b para este decreto lo tenían planteado desde antes de que lo analizara la Corte. Las esperanzas ahora están en el proyecto de ley que cursa en el Congreso, sin embargo no va a ser fácil para el Gobierno sacarlo adelante en un tiempo récord.
La propuesta no tiene mayoría para su aprobación. Además, su discusión ya no se realizará en la comisión quinta del Senado (donde ya se había redactado la ponencia) sino en la comisión Cuarta, cambio que además de causar malestar y tensión entre los congresistas, puede atrasar el proceso para su estudio.
La semana anterior, el ministro de Hacienda, Juan Carlos Echeverry, radicó en el Congreso el proyecto de ley que hace una adición presupuestal de 5,7 billones de pesos para hacer frente a los efectos del invierno del año anterior, el más fuerte en la historia del país.
El proyecto tiene mensaje de urgencia y aunque la Corte Constitucional no ha fallado en particular sobre la norma que decretaba esta adición, el Gobierno espera su rápida aprobación en el legislativo antes de que lleguen las dificultades económicas: según Everardo Murillo, gerente del Fondo de Calamidades, los recursos para la atención humanitaria de los damnificados se agotarán en un mes.
La carrera en el Congreso apenas comienza. Aún falta el pronunciamiento de la Corte Constitucional en otros veinte decretos, algunos de los cuales se traducen en importantes sumas de dinero que, sin el visto bueno del alto tribunal, podría seguir descuadrando las cuentas del Gobierno.